Fibra, antenas y operadores: qué puede (y no) hacer la comunidad

Respuesta directa: la comunidad no puede prohibir la fibra. El operador tiene derecho a instalarla en el edificio y la paga él, no vosotros. Lo que sí decide la comunidad por su cuenta es su propia infraestructura común (la antena, la ICT), y eso se aprueba con una mayoría rebajada de un tercio. Vamos a separar lo que es un derecho del operador de lo que es una decisión de la comunidad, porque se confunden constantemente.

La comunidad no puede prohibir la fibra

Mucha gente cree que hace falta el permiso de la junta para que entre la fibra. No es así. El artículo 55 de la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 11/2022) habilita a los operadores a instalar los tramos finales de las redes de fibra en los edificios ya construidos, y los propietarios —estén o no en régimen de propiedad horizontal— no pueden negarse.

El primer operador que quiere desplegar usando los elementos comunes solo tiene que comunicarlo previamente a la comunidad. A partir de ahí, la comunidad solo puede oponerse, en el plazo de un mes, si acredita una de estas dos cosas:

• Que ningún copropietario está interesado en el servicio, o
• Que la comunidad va a instalar su propia infraestructura común (ICT) en un plazo de tres meses.

Fuera de esos dos supuestos, la comunidad no tiene un derecho de veto. Y un detalle que cambia la conversación: el despliegue lo paga el operador, no la comunidad. No es un gasto para los vecinos.

Si ya hay fibra de otro operador

¿Y si llega un segundo operador? Una vez que el primero ha desplegado su red en los elementos comunes, los operadores posteriores quedan habilitados para dar servicio usando la infraestructura existente, en igualdad de condiciones y sin necesidad de un nuevo trámite ante la comunidad. Por eso, cuando ya hay fibra en el portal, cambiar de compañía no debería suponerte ninguna obra ni ninguna autorización vecinal.

La infraestructura común de la comunidad: mayoría de 1/3

Distinto es que sea la propia comunidad la que decide dotarse de una infraestructura común de telecomunicaciones (la ICT, la antena colectiva, adaptar la que hay). Aquí ya no manda el operador, sino la junta, y la ley pone una mayoría rebajada.

El artículo 17.1 de la LPH dice que la instalación de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación —o la adaptación de las existentes—, igual que los sistemas de energías renovables, "podrá ser acordada, a petición de cualquier propietario, por un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación". Es la misma puerta de entrada que para las placas solares: basta un tercio, no la mayoría. Lo tienes en la tabla de mayorías del artículo 17.

Quién paga: solo los que dijeron sí

Aquí está el matiz más práctico del artículo 17.1, y vale para telecom y para renovables. La comunidad no puede repercutir el coste de instalar o adaptar esa infraestructura común —ni su conservación y mantenimiento— sobre los propietarios que no votaron expresamente a favor del acuerdo.

¿Y si uno de esos vecinos que dijo "no" quiere usarlo más adelante? Podrá hacerlo, pero pagando el importe que le habría correspondido, actualizado y con el interés legal aplicado. Es decir: nadie paga por algo que rechazó, pero nadie se cuela gratis después. Un equilibrio razonable que conviene reflejar bien en el acta.

Las antenas: individual frente a colectiva

Con las antenas, la lógica es la del equilibrio entre tu derecho a la información y la estética del edificio:

• Antena colectiva. La comunidad puede instalar una antena colectiva como infraestructura común (con la mayoría de 1/3 del art. 17.1). Si existe y da el servicio, es la vía natural para todos.
• Antena individual. Tienes derecho a recibir señales de televisión y radio, así que puedes poner una antena individual (por ejemplo, una parabólica). Lo que la comunidad sí puede es regular dónde colocarla para no estropear la fachada ni comprometer la seguridad; lo que no puede es dejarte sin posibilidad de recibir la señal.

Como con cualquier instalación que toque la fachada, conviene avisar a la comunidad y, a ser posible, ajustarse a un criterio común (igual que con el aire acondicionado).

Antenas de telefonía móvil en la azotea

Un caso distinto y goloso: que una operadora quiera alquilar la cubierta para una estación base de telefonía móvil. Eso no es un derecho del operador, sino un negocio de la comunidad: requiere acuerdo de la junta, genera ingresos para todos y conviene aprobarlo con una mayoría amplia, cuidando las posibles objeciones de los vecinos (estética, percepciones sobre salud, peso en la cubierta). No te fíes de un número de mayoría suelto: por ser un uso de elemento común que puede afectar al título o a la estética, conviene asesorarse y dejarlo muy atado en el contrato y en el acta.

En resumen

La comunidad no puede prohibir la fibra: el operador tiene derecho a instalar los tramos finales (art. 55 de la LGTel), solo cabe oponerse en un mes si se acredita falta de interés o una ICT propia en tres meses, y paga el operador. Los operadores posteriores usan la red ya instalada sin más trámite. La infraestructura común propia (ICT, antena colectiva) se aprueba por un tercio (art. 17.1), sin cargar el coste a quien votó en contra. Tienes derecho a una antena individual, con la comunidad regulando solo su ubicación. Y alquilar la azotea a una operadora de móvil es un acuerdo de junta que da ingresos, mejor con mayoría amplia.