Fibra, antenas y operadores: qué puede (y no) hacer la comunidad

Respuesta directa: la comunidad no puede prohibir la fibra. El operador tiene derecho a instalarla en el edificio y la paga él, no vosotros. Lo que sí decide la comunidad por su cuenta es su propia infraestructura común (la antena, la ICT), y eso se aprueba con una mayoría rebajada de un tercio. Vamos a separar lo que es un derecho del operador de lo que es una decisión de la comunidad, porque se confunden constantemente.

De un vistazo:

Situación	¿Necesita aprobación de la junta?
Fibra de un operador para un vecino (tramos finales)	No, solo comunicación previa; la comunidad solo puede oponerse en 1 mes por 2 causas tasadas
Infraestructura común de telecomunicaciones (ICT, antena colectiva)	Sí, 1/3 de propietarios y de cuotas (art. 17.1)
Antena individual	No, pero exige comunicación previa por escrito
Alquilar la azotea a una operadora de móvil	Sí, es un negocio de la comunidad: acuerdo de junta

La comunidad no puede prohibir la fibra

Mucha gente cree que hace falta el permiso de la junta para que entre la fibra. No es así. El artículo 55 de la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 11/2022) habilita a los operadores a instalar los tramos finales de las redes de fibra en los edificios ya construidos, y los propietarios —estén o no en régimen de propiedad horizontal— no pueden negarse.

El primer operador que quiere desplegar usando los elementos comunes solo tiene que comunicarlo previamente a la comunidad. A partir de ahí, la comunidad solo puede oponerse, en el plazo de un mes, si acredita una de estas dos cosas:

• Que ningún copropietario está interesado en el servicio, o
• Que la comunidad va a instalar su propia infraestructura común (ICT) en un plazo de tres meses.

Fuera de esos dos supuestos, la comunidad no tiene un derecho de veto. El despliegue promovido por el operador no pasa a ser por ello un gasto común. Distinto es que la propia comunidad acuerde instalar o adaptar una ICT: esa actuación comunitaria tiene su régimen de aprobación y financiación.

Si ya hay fibra de otro operador

¿Y si llega un segundo operador? El artículo 55 dice que, si otro operador ya ha iniciado o instalado tramos finales, al nuevo operador no se le aplica el procedimiento de oposición del primer despliegue. Pero no dice que tenga que reutilizar la red privada del anterior ni garantiza que no haya una nueva instalación: exige una comunicación previa mínima de un mes, una descripción de la actuación y el aviso del día de inicio. La comunidad no puede denegarla por ese cauce, pero sí puede exigir que se respeten el edificio y las condiciones técnicas.

La infraestructura común de la comunidad: mayoría de 1/3

Distinto es que sea la propia comunidad la que decide dotarse de una infraestructura común de telecomunicaciones (la ICT, la antena colectiva, adaptar la que hay). Aquí ya no manda el operador, sino la junta, y la ley pone una mayoría rebajada.

El artículo 17.1 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) dice que la instalación de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación —o la adaptación de las existentes—, igual que los sistemas de energías renovables, "podrá ser acordada, a petición de cualquier propietario, por un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación". Es la misma puerta de entrada que para las placas solares: basta un tercio, no la mayoría. Lo tienes en la tabla de mayorías del artículo 17.

Quién paga: solo los que dijeron sí

Aquí está el matiz más práctico del artículo 17.1, y vale para telecom y para renovables. La comunidad no puede repercutir el coste de instalar o adaptar esa infraestructura común —ni su conservación y mantenimiento— sobre los propietarios que no votaron expresamente a favor del acuerdo.

¿Y si uno de esos vecinos que dijo "no" quiere usarlo más adelante? Podrá hacerlo, pero pagando el importe que le habría correspondido, actualizado y con el interés legal aplicado. Es decir: nadie paga por algo que rechazó, pero nadie se cuela gratis después. Un equilibrio razonable que conviene reflejar bien en el acta.

Las antenas: individual frente a colectiva

Con las antenas, la lógica es la del equilibrio entre tu derecho a la información y la estética del edificio:

• Antena colectiva. La comunidad puede instalar una antena colectiva como infraestructura común (con la mayoría de 1/3 del art. 17.1). Si existe y da el servicio, es la vía natural para todos.
• Sistema individual. Los artículos 1 y 9 del RDL 1/1998 permiten acceder a telecomunicaciones mediante un sistema individual cuando no exista infraestructura común o esta no permita ese servicio. Hay que comunicarlo por escrito y no se obtiene con ello permiso automático para alterar fachada o elementos comunes al margen de las condiciones técnicas y comunitarias aplicables.

Como con cualquier instalación que toque la fachada, conviene avisar a la comunidad y, a ser posible, ajustarse a un criterio común (igual que con el aire acondicionado).

Antenas de telefonía móvil en la azotea

Un caso distinto y goloso: que una operadora quiera alquilar la cubierta para una estación base de telefonía móvil. Eso no es un derecho del operador, sino un negocio de la comunidad: requiere acuerdo de la junta, genera ingresos para todos y conviene aprobarlo con una mayoría amplia, cuidando las posibles objeciones de los vecinos (estética, percepciones sobre salud, peso en la cubierta). No te fíes de un número de mayoría suelto: por ser un uso de elemento común que puede afectar al título o a la estética, conviene asesorarse y dejarlo muy atado en el contrato y en el acta.

En resumen

La comunidad no puede vetar sin más la fibra: el art. 55 LGTel habilita el despliegue y limita la oposición al primer operador a dos causas y un mes. Los operadores posteriores también deben comunicar su actuación con un mes de antelación. La infraestructura común propia se aprueba por un tercio (art. 17.1), sin cargar el coste a quien no votó a favor. El acceso mediante un sistema individual exige comunicación previa y no permite alterar libremente elementos comunes.